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PROYECTO
INTERNACIONAL DE DESARROLLO |
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El problema de las tierras en Cuba
Antonio Alonso/PDCR Santiago de Cuba, 15 de enero, 2008
El pronunciamiento de Raúl Castro, sobre las tierras, ha creado todo un cúmulo de expectativas y especulaciones. Muchos se hacen la idea de que el gobierno al fin va a entregar tierras y hasta se ilusionan, creyendo que con un pedazo de tierra terminarían sus penurias alimentarias.
La experiencia ha demostrado en estos casi 50 años de control estatal sobre la actividad productiva, incluyendo la producción agropecuaria, que el problema no radica en la posesión de tierra, sino en la falta de libertad económica. No por gusto Cuba ocupa el antepenúltimo lugar de las naciones con menos libertad económica, sólo seguida de Corea del Norte que ocupa el 157 como último lugar.
En enero del 2005, se le dirigió una misiva a las principales instituciones cubanas para lograr una III Reforma Agraria que cumpliera con algunos parámetros básicos y redimiera algunos derechos de nuestro campesinado. Nunca se dio respuesta a la misma, con lo que se demuestra que no hubo voluntad política para llegar a un debate sobre el tema.
No se trata como dijimos antes de la posesión de las tierras, sino del carácter y concepción del derecho de propiedad. El derecho de propiedad incluye el derecho al libre mercado y libertad de precios. Con esto se da inicio a la solución de los principales problemas que afectan al productor privado cubano.
El mercado libre campesino, aunque no fue totalmente libre y contó con un sinnúmero de trabas burocráticas y funcionales típicas de los regímenes totalitarios, al menos demostró la fuerza y creatividad de la iniciativa privada.
Exhortamos a las autoridades cubanas que recapitulen sobre nuestra misiva de enero, 2005. En ella encontrarán las principales recomendaciones y soluciones a las demandas y aspiraciones de nuestros campesinos, incluso de aquellos considerados, “campesinos sin tierra”.
Carta adjunta:
Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba
Jutinicú, Santiago de Cuba, enero 5 del 2005
Al: Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República,
Asamblea Nacional del Poder Popular y Consejo de Estado y de
Ministros.
Ast. Solicitud de una III Ley de Reforma Agraria
La Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba,
teniendo en cuenta el creciente índice de desalojos de tierras
que se viene ejecutando en todo el país, por parte de las
autoridades gubernamentales, sin que los campesinos desalojados
puedan recurrir al amparo legal, por no poseer un documento de
propiedad, exige:
1-. Otorgar al amparo de la II Ley de Reforma Agraria el Título
de Propiedad a todos los campesinos que en la actualidad vienen
trabajando la tierra y hayan demostrado voluntad y capacidad
para hacerla producir.
2-. Devolver en propiedad, a todos los herederos, que reclamen
las tierras, que de cualquier forma pasaron a manos del Estado
en la época de la colectivización general. Los beneficiados
deberán demostrar en probatoria su capacidad de explotación de
las mismas.
3-. Los conflictos de intereses, sobre la tierra, se resolverán
por el valor al derecho de propiedad. La ubicación de las
tierras se negociará con las partes en cuestión, teniendo en
cuenta el valor agregado en el momento actual, de la tierra y
los cultivos.
4-. Abolir el concepto de usufructo, que tantos problemas ha
traído al campesinado cubano, mintiéndolo bajo una inseguridad
total.
5-.Los nuevos propietarios no estarán sujetos a regulaciones de
cultivos, precios o mercados.
6-. La entrega de tierras, sólo estará sujeta, a la capacidad y
viabilidad de desarrollar proyectos concretos, que a corto
plazo las pongan en producción.
7-. Instituir leyes que contemplen las tierras como un bien
común nacional, por lo que se penalizará con impuestos sobre las
tierras baldías o subutilizadas donde el Estado tiene igual
responsabilidad legal. Las reservas forestales y las zonas de
impacto ecológico y medio ambiental se exceptúan de los
enunciados anteriores.
8-. La ANAIC se pronuncia en contra del reparto de tierra
equitativo, como parte de una maniobra política, las tierras
deben otorgarse de acuerdo a la capacidad y posibilidad de uso,
con iguales posibilidades para todos, sin tráfico de influencias
de ningún tipo.
9-. El derecho a la tierra es un derecho soberano, de no
aprobarse un decreto de ley que garantice el disfrute de ese
derecho al amparo de la Reforma Agraria, toda ocupación de
tierra se considerará legal.
Sin embargo de aprobarse un proceso de aplicación de una III
Reforma Agraria, toda acción sin la debida autorización,
retardará o inhabilitará el proceso legal para acogerse a los
beneficios de la misma..
Antonio Alonso Pérez
Presidente de la ANAIC
Ing. Agrónomo Arturo Arias
Director Nacional de Cooperativas Independientes