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La Ley y el campesino.
por Antonio Alonso,
Presidente de la ANAIC
SANTIAGO DE CUBA, 26 de diciembre del 2002-
Cuando se legisla una ley, lo primero que se debe tener en
cuenta, además de los beneficios que proporciona, es la
posibilidad real de poderla implementar, ya sea porque se cuenta
con la suficiente razón mortal para hacerlo o, que por su propia
naturaleza la población cuenta con la voluntad y la necesidad de
acatarla.
Hoy tenemos el caso de la tan cacareada Ley
Agropecuaria en Cuba, que después de un año de representada a la
Asamblea Nacional, órgano legislativo del país y de haber sido
sometida a la opinión popular, según afirman las autoridades
gubernamentales, ya que no existen evidencias de tal consulta,
fue aprobada en una Sesión Extraordinaria de dicha asamblea en
el mes de noviembre pasado.
No obstante, lo que si fue evidente es el
rechazo popular ante tan macabra ley, al extremo, que bajo un
aparente procedimiento de implementación, se está tratando de
llevar a un ajuste legal, según se puede ver en este artículo
del periódico “Granma Internacional”.
Aquí pueden leer el texto íntegro del artículo,
según aparece en el referido periódico:
“Elaboran reglamentos para implementar Ley de Cooperativas
• Campesinos opinan sobre comercialización, precios
e intermediarios, en un proceso que a partir de enero
abarcará a todas las cooperativas del país
POR RAISA PAGES -de Granma Internacional-
La Habana. 24 de diciembre de 2002,
LA
nueva legislación campesina -discutida en un proceso sin
precedentes por más de 200 000 campesinos y cooperativas antes
de presentarla a la consideración del Parlamento-, aún no se ha
implementado en la base, hasta tanto no se dispongan de los
reglamentos necesarios, precisó Orlando Lugo Fonte, presidente
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y
miembro del Consejo de Estado, en conferencia de prensa
efectuada en la sede capitalina de esa organización rural.
Opinó que la confección de esas propuestas -disponen de un plazo
de 190 días para presentarlas al Consejo de Ministros, desde la
aprobación de la Ley- es más compleja que la redacción de la
legislación. Tenemos, apuntó, que hacer dos variantes: una para
las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y otra para
las de Crédito y Servicios (CCS), pues tienen cada una sus
peculiaridades.
El
campesinado cubano, en asambleas en sus cooperativas, expondrá
sus criterios, a partir de enero, sobre comercialización,
precios, intermediarios y las contrataciones de los planes de
entrega al Estado, tomando como referencia la intervención
especial del presidente Fidel Castro sobre esos temas, cuando se
aprobó la Ley sobre Cooperativas, en la sesión parlamentaria del
pasado noviembre.
Lugo recordó que durante el debate parlamentario cuando se
aprobó la Ley de Cooperativas se suscitaron muchos criterios
sobre las formas de comercialización, los intermediarios,
precios y las contrataciones de las cosechas con el Estado. Fue
por esa razón, indicó, que someteremos a debate esos temas con
todo el campesinado.
Dijo que necesitamos disponer de intermediarios seleccionados,
con capacidad de compra y transportación de los productos, aun
con las dificultades que existen en el petróleo, mediante una
mejor organización de los medios de transporte del Estado y los
campesinos y un uso más racional del combustible.
El
Presidente de la ANAP razonó que el intermediario estatal demora
mucho en pagarles a los campesinos las compras por trámites
burocráticos y dificultades financieras de la empresa estatal
acopiadora, lo cual, aunque ha mejorado en los últimos tiempos,
no está resuelto. También se da el caso de que, en ocasiones, a
los campesinos se les echan a perder los productos por la no
disponibilidad del intermediario estatal de combustible para
trasladarlos al mercado.
Estas realidades fueron analizadas en el Parlamento, señaló
Lugo, porque constituyen caldo de cultivo para el intermediario
privado que llega a las fincas campesinas con dinero constante y
sonante y con un camión con combustible. Por mucha conciencia
que tenga el productor, si cree que sus productos se van a echar
a perder los vende a ese comprador privado, ésa es la realidad
que debemos transformar, advirtió Lugo.
Las
discusiones en todas las asociaciones campesinas comenzarán en
enero y proseguirán hasta marzo, para que los productores
expresen cómo mejorar la comercialización, los precios, las
contrataciones con el Estado y disponer de intermediarios
seleccionados, con las condiciones para desplazar a los
privados, que se enriquecen mediante elevados precios a la
población y otras ilegalidades”.
Concluida la lectura del artículo podrán darse cuenta que el Sr.
Orlando Lugo Fonte, presidente de la organización oficialista
ANAP, mantiene sus mismas opiniones emitidas en el Pleno del
Parlamento cubano durante la aprobación de la ley, de que: “
en ocasiones, a los campesinos se les echan a
perder los productos por la no disponibilidad del intermediario
estatal de combustible para trasladarlos al mercado”,
“que el intermediario estatal demora mucho en pagarles a los
campesinos las compras por trámites burocráticos y dificultades
financieras de la empresa estatal acopiadora”;
“el
intermediario privado que llega a las fincas campesinas con
dinero constante y sonante y con un camión con combustible”;
Podemos concluir, que el gobierno a través de su
organización estatal es incapaz de administrar la
infraestructura económica del país, que el sector privado, sin
apoyo gubernamental, más bien, reprimido y perseguido por las
autoridades puede resolver de forma inmediata los requerimientos
del mercado.
Que
la ingerencia del Estado en la relación económica del sector
productivo y el consumidor hace imposible la satisfacción de la
demanda, que la enorme crisis que enfrenta el pueblo está basada
precisamente en ese bloque del gobierno cubano a la iniciativa
individual y privada de la nación.
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