No tienen idea del progreso 
Porfirio Cristaldo Ayala 

El Estatuto Agrario socialista que aprobaron en diputados es irracional y ruinoso. La impresión que dan los legisladores es que no tienen idea de lo que precisa el país para progresar o que solo les interesan los votos de los sintierras. 
La reforma agraria no es parte de la modernización ni la reforma del Estado, como creen algunos. Es todo lo contrario. La reforma agraria no solo es un proceso anacrónico y fracasado, sino que sus principios y sus fines son totalmente opuestos a la reforma del Estado que requiere el país para salir del atraso.
¿No entienden los políticos que no tiene sentido privatizar la Antelco y el Ferrocarril si el derecho de propiedad, base de la privatización y el progreso, será afectado por un proceso de redistribución de la tierra en la reforma agraria? ¿No ven que es inútil achicar el aparato estatal, reducir el gasto público y el déficit fiscal si se decide atentar contra la propiedad, esencia del Estado moderno, mediante la expropiación confiscatoria de tierras? ¿No entienden que mientras la defensa de la propiedad no esté garantizada será imposible salir de la pobreza y atraso? 
Para dar el salto a la prosperidad, lo que precisa el país es adoptar las estructuras e instituciones legales que garanticen la protección de los derechos de propiedad y las libertades individuales. La reforma del Estado que precisa el país con premura para atraer inversiones y crear empleos se refiere, precisamente, a la construcción de las estructuras jurídicas que protejan la propiedad y no a otra cosa. En cambio, lo que hicieron los diputados al aprobar el Estatuto Agrario es dar un gran salto al vacío que condenará al país a la violencia y la miseria.
Los políticos no parecen entender que la reforma del Estado trata esencialmente de fortalecer su función principal: garantizar a las personas el ejercicio de su derecho de propiedad y de las libertades individuales. Resulta totalmente incoherente, pues, pretender reformar el Estado y al mismo tiempo impulsar una reforma agraria. Esta última es una política traumática que implica redistribuir la propiedad, arrebatando a uno por la fuerza lo que le pertenece para darle a otros a quienes nos les pertenece. Ello inevitablemente aumenta el riesgo de la inversión y agrava la inseguridad de propietarios y productores.
La prosperidad del país depende hoy de modo crucial de su capacidad de atraer a los grandes capitales disponibles en el mundo globalizado. Pero los inversores, los administradores de recursos y las agencias evaluadoras de riesgo internacionales, comparan a los gobiernos, a sus instituciones y sistemas jurídicos para reducir a un mínimo los riesgos a la propiedad y la inversión.
Los países pobres son pobres solo porque sus gobiernos nunca lograron crear instituciones eficaces que den garantías adecuadas a la propiedad. Toda ineficacia institucional afecta a la propiedad. Así, la falta de transparencia e información en la gestión pública no solo conduce a la corrupción e ineficiencia sino que aumenta los riesgos para la inversión.
Lo que separa a los países ricos de los países pobres es la seguridad de la propiedad. La ineficacia institucional para proteger el derecho de propiedad en los países pobres se extiende a todos los órdenes, desde la invasión de propiedades hasta el mercado negro y la debilidad del sistema bancario. Afectan el derecho de propiedad, no solo los atropellos institucionales como las expropiaciones en la reforma agraria, sino también una justicia floja, politizada e incapaz de hacer cumplir la ley. 
A la propiedad afectan también la inflación y devaluación de la moneda, el proteccionismo, subsidios y trabas al comercio, las regulaciones, el monopolio en la seguridad social, el derroche en las empresas estatales, déficit fiscal y los gastos excesivos del gobierno.
El Estatuto Agrario socialista afectará seriamente cualquier esfuerzo o reforma por mejorar la calidad institucional y establecer un marco jurídico favorable a la producción con el fin de sanear la economía, reducir el riesgo país, atraer la inversión y crear empleos.
En la reforma del Estado se procura que la justicia tenga como objetivo principal la defensa de la propiedad y los derechos individuales. A su vez, se trata que el Congreso sancione leyes que asignen la máxima prioridad a la protección de las personas y sus bienes, y rechacen el afán socialista del reparto coercitivo de la riqueza y la tierra que exhiben nuestros legisladores y gobernantes.