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SR: ALFREDO JORDAN MORALES
MINISTRO DE LA AGricultura
CIUDAD DE LA HABANA-CUBA.
DEL: centro nacional de estudios e investigaciones
agricolas de
cuba “carlos quintela” (CENAIC)
La
Habana-Cuba Diciembre 4 del 2001
Señor Ministro, nos dirigimos a usted con la
esperanza que sin apasionamiento alguno, más que por
nosotros, por el gran sector de la población cubana, del
que formamos parte se sirva leer ésta, en
correspondencia con ella y su apreciación de la
actualidad cubana, que tanto nos atañe a todos, actúe
conforme a nuestros intereses, que son los de millones
de cubanos, incluyendo a los más afectados, miles de
niños, ancianos, desocupados e indigentes que pululan
por nuestros campos y ciudades.
Por favor, con sumo respeto le interesamos se sirva
atender nuestro reclamo y leer hasta el final nuestras
siguientes consideraciones:
Teniendo en cuenta que el desarrollo económico de
nuestro país conlleva al crecimiento y la
diversificación de la industria, a fin de poder realizar
un mayor y eficaz aprovechamiento de los recursos
naturales, resulta imprescindible dedicarle mayor
espacio al progreso agropecuario, urgido de las
transformaciones necesarias que faciliten la
satisfacción de las necesidades del consumo alimenticio,
contribuyendo a la elevación progresiva del nivel de
vida de la población.
Sin embargo, según criterios generalizados, hemos podido
llegar a la convicción de que las empresas agrícolas
cubanas y demás entidades del sector, nunca han podido
contar con una fuerza de trabajo, en volumen y
conocimientos, capaz de enfrentar y resolver problemas
agrotécnicos que causa la pobre diversidad de nuestros
cultivos, a lo largo de algo más de cuatro décadas.
Esta situación se ha empeorado si tenemos en cuenta que
la mayoría de la fuerza laboral, empleada por el
Estado, para garantizar las labores agrícolas, emanando
de la inmensa cantidad de personas sancionadas, tanto
laboralmente como por los tribunales populares, por la
comisión de actos antijurídicos, que en su mayoría son
neófitos en materia agropecuaria y, como quiera que
acuden a estos trabajos de forma forzosa, sin motivación
alguna, no muestran interés por lo que hacen y poco les
importa si lo hacen bien o mal; con los consabidos
trastornos que estas actitudes traen aparejado al
proceso productivo.
Otra desafortunada práctica que ha caracterizado a
nuestra industria agropecuaria, ha sido la de frecuentes
cambios estructurales, realizados a todos los niveles,
incluyendo movimientos en los principales cuadros de
dirección, con la desatinada esperanza que estos cambios
resolvieran los críticos problemas agrarios que
acusamos, por supuesto, sin éxito alguno.
Los obsoletos planes de producción impuestos a los
productores así como los constantes cambios de
variedades que se les imponen en las cosechas de
diferentes cultivos, justificados con ”la búsqueda
constante de la eficiencia y del incremento de la
productividad”, con superiores rendimientos por
hectáreas cosechadas y la consolidación de otros
renglones productivos, afectan, notablemente los
resultados económicos reales, pues no se trata de
cosechar por imposición, sino de producir con
efectividad lo necesario.
Toda esta política voluntarista de la dirección estatal
ha provocado una desastrosa economía agropecuaria, con
pérdidas millonarias año por año, sin poder salir del
colapso al que se encuentra sometida hace más de 40 años
y por tanto, sin poder lograr el propósito trazado desde
fecha tan lejana como el 10 de Octubre de 1958, cuando
se promulgó la Ley No. 3, por el alto mando del Ejército
Rebelde en la Sierra Maestra.
Aún cuando se pueden observar abarrotados los Mercados
Agropecuarios, sólo eso puede hacerse, observarlos y
continuar el malestar y alterar la marcha, acentuándose
la profunda crisis y las penurias que padece el
pueblo, ya que las tarimas se mantienen llenas, es
verdad, pero no porque no existan las necesidades,
sino por la profunda inflación que azota nuestra
economía hace más de diez años, toda vez que con un
salario mensual promedio de 246.00 pesos en moneda
nacional que perciben nuestros trabajadores, no es
posible, en modo alguno, poder asumir esos precios tan
elevados con que se ofertan esos productos,
convirtiéndose en inaccesibles para la mayoría del
pueblo.
Para un país como Cuba, eminentemente agrícola desde
nuestros ancestros, resulta bochornoso que el pueblo
padezca hambre mientras en las tarimas de lugares de
venta de productos agropecuarios, se ofertan los mismos,
indispensables en la mesa del cubano, a precios
exorbitantes, por no haberse logrado aplicar una
adecuada política de precios diferenciados y, la
incapacidad del Estado de enfrentar la aguda crisis con
una oferta verdaderamente competitiva en precios,
cantidad y calidad, ante los desmanes y desafueros de
los vendedores del mercado actual. Todo lo cual es una
evidente consecuencia de la insuficiente política
agraria llevada a cabo en el país.
Debido a estas causas es que nos hemos dirigido a usted,
a fin de llamar a la Dirección de la Nación a la
reflexión y meditación sobre los urgentes cambios y
transformaciones que resulta necesario efectuar en este
sector, tan sensible para nuestro pueblo, para lo cual
es imprescindible partir de la premisa de reconocer la
ineficiencia e ineficacia de la política agraria actual
y en consecuencia, con la participación de todo el
campesinado, buscar la solución a los problemas, dándole
participación a todo el pueblo en la creación de nuevas
estructuras que permitan la descentralización de la
agricultura del poder estatal, así como una adecuada
redistribución de la tierra que mantiene monopolizada el
Estado, que constituye el 70% de la superficie
cultivable del país la cual debe ponerse en manos de
personas capaces de explotar y obtener óptimos
resultados de aprovechamiento y rendimiento,
proporcionándosele las facilidades necesarias para ello,
pues gran parte de esas tierras actualmente sólo produce
marabú y otras hierbas que en nada sirven para la
alimentación en la mesa.
Por estas razones, nuestro Centro Nacional de Estudios e
Investigaciones Agrícolas
"Carlos
Quintela",
ha llegado de forma unánime a la convicción de que para
poder lograr los necesarios cambios y transformaciones,
por los cuales, abogamos, así como el bienestar de
todos los agricultores y pueblo en general, resulta
indispensable el establecimiento de una amplia capa de
productores independientes, dueños de sus tierras, que
pueden asociarse, incluso, en cooperativas
independientes (actualmente existen en el mundo 800 000
cooperativas, que agrupan a unos 800 millones de
asociados), con verdadera autonomía y autogestión
económica y financiera; dotados por el Estado, de
facilidades de crédito e instrumentos de trabajo,
garantizándosele un precio justo por sus producciones,
condiciones determinantes, no sólo para su bienestar
individual y familiar, sino para el incremento del
rendimiento y productividad agrícola, y, por tanto, del
abarrotamiento de los productos en las áreas de
comercialización, lográndose el incremento de la
satisfacción de las necesidades fundamentales de la
población
y, por qué no, de los productos que componen la
canasta básica familiar.
Considerando los estudios que hemos realizado sobre los
factores que más afectan a este sector productivo,
donde, por consenso general, se ha concluido lo urgidos
que estamos de insertar estos cambios en el área
agropecuaria del país, los exhortamos a que, sin
apasionamientos de ninguna índole, reflexionen sobre
nuestra proposición y decidan, en consecuencia, lo más
justo y adecuado a fin de promover el desarrollo
agropecuario, consustancial al verdadero progreso
económico de que está apremiado el país, para lo cual
resulta esencialmente importante la realización de una
verdadera Reforma Agraria, encaminada, fundamentalmente
a:
Una práctica y equitativa redistribución de la tierra en
poder del Estado, que faciliten el surgimiento y
extensión de diversidad de cultivos para la
satisfacción de las necesidades de la población.
La ampliación y consolidación de los renglones
productivos.
El incremento de la capacidad de consumo de la población
y, por tanto, el mejoramiento del nivel de vida de la
sociedad.
Sin otro asunto que tratar y agradeciéndole la atención
brindada a nuestro testimonio, convencidos de que
actuará en correspondencia con la importancia y vigencia
real de los elementos expuestos, ya que se han
fundamentado en los intereses y necesidades que padece
el pueblo cubano, pendientes de su decisión, que
esperamos sea la más adecuada y justa.
Ing. Miguel A. Camejo Planes Ing. Noel Ascanio
Montero
Director Nacional "CENAIC"
Vice-Director Filial Habana
Ing.
Eduardo Sayazo Herrera
Lic. Juan C. Martínez
Rodríguez
Vice-Director
Filial Matanzas
Vice-Director Filial P. del Río
 Lic. Pedro Serrano Urra
Asesor Legal Nacional
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