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 Campesinos
que impulsaron revolución, marginados hoy por el poder
China
Por Marga
Zambrana
Agencia EFE
PEKÍN -
Quince millones de campesinos perderán sus tierras en
los próximos cinco años, y se sumarán a los 40
millones que fueron expropiados en la última década,
60 años después de que apoyaran la revolución
comunista.
Datos del Ministerio de Tierra
y Recursos indican que el área requisada ilegalmente a
los campesinos aumentó un 5 por ciento en los cinco
primeros meses de 2006, mientras que en la última
década fueron 8 millones de hectáreas de cultivos las
requisadas (un 5 por ciento del total de cultivos).
El descontento entre los cerca
de 700 millones de campesinos pone en peligro
una
estabilidad política que
se mide en protestas: 87.000 en 2005, con un
incremento del 6,6 por ciento con respecto a 2004.
A la luz de estos datos, la
agencia oficial Xinhua difundió un informe crítico e
inusual sobre los campesinos chinos, que si hace 60
años fueron la base de la revolución comunista, hoy
son los olvidados por una feroz economía de mercado.
En la década de 1950 se
produjo un proceso de colectivización de la tierra sin
precedentes en la historia del país con la que los
derechos de los campesinos quedaron protegidos frente
a los “propietarios burgueses”.
La desmantelación de estas
comunas produjo en la década de 1980 un aumento
considerable de la productividad agrícola, que había
descendido bastante en tiempos de la colectivización,
mediante los “contratos de responsabilidad a grupos
domésticos”.
La tierra, que pertenece al
Estado, empezó a arrendarse a los campesinos en los
noventa por periodos de 30 años, pero éstos no tienen
derecho a usarla como aval para pedir un crédito ni
venderla, y además son expropiados por las autoridades
locales ilegalmente.
“Muchos campesinos chinos se
sienten expulsados de su propia tierra, que antes era
el fruto de la revolución”, señala Xinhua.
El gobierno central endosa el
problema a las autoridades locales, a las que acusa de
corruptas.
“Las autoridades locales
pueden realojar de forma arbitraria e impredecible (a
los campesinos), o vender la tierra a una inmobiliaria
sin el consentimiento del campesino”, señala Han Jun,
responsable de Agricultura del centro de
Investigaciones del Consejo de Estado (ejecutivo).
“En teoría, la tierra rural es
de propiedad ‘colectiva’, pero no está claro si esto
significa que es de los residentes o del gobierno
local, que puede ejercer estos derechos colectivos en
nombre de los campesinos”, añade Han.
“Los cuadros locales consiguen
grandes ganancias expropiando la tierra a un bajo
coste o sin compensarla y vendiéndola a un precio de
mercado”, explica.
Además de las expropiaciones,
los campesinos chinos se enfrentan a problemas graves
de pérdida de tierra arable, carencia de agua potable
y sequías.
Más de 300 millones de
residentes rurales no tienen acceso al agua potable,
mientras un gran número de reservas están contaminadas
con fluorina, arsénico, sal y parásitos como el
Schistosoma, que transmite la esquistosomiasis.
La sequía ha afectado este año
a cerca de 18 millones de campesinos y a 11,13
millones de hectáreas; mientras que la tierra arable
(que es inferior al 14 por ciento de la superficie del
país) se redujo desde los 130 millones de hectáreas en
1996 hasta los 122 millones actuales debido a
expropiaciones y a la desertización.
Más de 100 millones de
campesinos han tenido que trasladarse a las áreas
urbanas del este en la última década, donde son
explotados en maquilas, en el sector de la
construcción e incluso en el de la prostitución, según
un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad
publicado hoy.
La dramática situación de
estos desheredados podría mejorar con la aprobación de
la Ley de Derecho Real sobre la Propiedad, que se
debatió esta semana en el legislativo de cara a su
aprobación en la próxima reunión anual (marzo 2007).
La ley ha sufrido cinco
modificaciones y se ha enfrentado a la oposición de
los socialistas más recalcitrantes, que creen que
empeorará la situación del campesinado.
Sin embargo, facciones del
gobierno e intelectuales la consideran un marco clave
para precisar los derechos sobre la tierra que frenará
la corrupción y las expropiaciones.
La quinta enmienda equiparará
los derechos sobre propiedades privadas y públicas por
primera vez en 60 años, y especifica que el derecho
del campesino sobre la tierra es un “usufructo” que
permite disfrutar de sus beneficios durante 30 años.
Pero el borrador ha despertado críticas porque no
garantiza que el campesino pueda usar la tierra como
aval para pedir un crédito o para venderla, lo que
incrementaría el valor de la tierra, una opción que se
incluía en el primer borrador de 2005.
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