Declaración Conjunta sobre el II Reporte de la Comisión para una Cuba Libre

El Proyecto de Desarrollo Cívico Rural,  integrado en Cuba por las organizaciones: Alianza Nacional de Agricultores Independientes, Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Centro de Estudios e Investigaciones Agrícolas, Unión de Jóvenes  Rurales, la Universidad Cívica Cubana, junto a The Civil Rural Development Project, INC., consideran de suma importancia la asistencia económica por parte de los Estados Unidos a la incipiente sociedad civil en Cuba, aunque bajo nuevas reglas y concepciones, diferentes a las implementadas hasta ahora por las agencias norteamericanas y organizaciones receptoras.

Es imposible sin un mínimo de recursos  lograr la implementación efectiva de nuevos modelos de desarrollo económico como las empresas cooperativas, y la capacitación de líderes comunitarios entrenados para participar en una economía abierta y de mercado. Los antecedentes en procesos similares demuestran que hay que prepararse para la democracia, porque no se llega a la democracia representativa solamente restituyendo las libertades públicas, sino creando alternativas de progreso, a partir de una mejor calidad de vida.

En el caso cubano, la formación de líderes, algo indispensable para la implementación de una democracia real, está limitado y erosionado permanentemente por la actual política migratoria acordada entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, donde la emigración constituye la principal y más atractiva motivación político-social.

No se puede perder la perspectiva en los fines, cuando se envía asistencia humanitaria a determinados países. En Cuba, la ayuda brindada por sucesivos gobiernos americanos ha tenido muy poca repercusión política, no se ha utilizado para crear estructuras democráticas, sino como vía de subsistencia para la oposición, que al ser tan mínima, crea más conflictos de intereses que soluciones reales.

Cuando hablamos de asistencia mínima nos referimos a lo que realmente llega a los beneficiarios, porque el mayor volumen de gasto se produce en infraestructura, manejo, envío y coordinación. Gran parte de esa ayuda va a parar a manos del gobierno cubano, quien  recibe la mitad de los importes por llamadas telefónicas, con la tarifa más alta de América latina, por el envío de dinero a traves de agencias que en numerosos casos están al servicio de Cuba, impuestos excesivos sobre los paquetes en la Aduana cubana, así como el decomiso arbitrario de la ayuda humanitaria, incluyendo equipos y materiales de apoyo.

Nuestro proyecto apoya la intención de los Estados Unidos de brindar asistencia económica a la sociedad civil cubana, pero si se hace bajo los principios democráticos que con ella se tratan de defender. No puede la ayuda humanitaria convertirse en un mecanismo de captación o formación de capital político para personas o grupos, sin considerar igual posibilidades para todos. La ayuda debe ser para proyectos basados en la viabilidad y conceptos del desarrollo internacional.

En nuestro caso resulta de gran importancia, ya que las otras instituciones internacionales que facilitan fondos para el desarrollo rural en América latina y el Caribe requieren de la personería jurídica de las organizaciones receptoras, requisito que nuestras organizaciones en Cuba no pueden cumplimentar porque el gobierno no las reconoce legalmente como tal. La única opción que tenemos es la ayuda proveniente de las agencias norteamericanas, que obvian este requisito impuesto arbitrariamente por  el gobierno cubano.

En cuanto a la diseminación de información a través de Radio y Televisión Martí debe revisarse la programación, la que tiene que estar en función de los intereses de los diferentes segmentos de la sociedad cubana. Los programas específicos para la comunidad rural, principalmente para el campesinado cubano no se han logrado colocar en horarios estelares, durante más de 5 años se vienen trasmitiendo a las 4:30 AM y con seria limitaciones para los participantes, sin apenas contacto con sus representantes en la Isla.

La Comisión para una Cuba Libre debería abarcar un espectro más pluralista, pues en su propuesta incurre en los mismos errores que la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba en su intercambio con la oposición interna, ya que solamente dialoga y escucha a las mismas personas, sin crearse los mecanismos para lograr una participación más abierta y representativa de la sociedad civil en la Isla.

Las amenazas de las autoridades cubanas para con las personas y organizaciones que  reciban fondos a partir de esta nueva propuesta, no nos amedrentan. Tenemos la responsabilidad histórica de buscar por todos los medios la reivindicación política, económica y social de nuestro país, sin importar el sacrificio y los riesgos que ello implique. 

A partir de todo lo expresado queremos hacer las recomendaciones siguientes al II Informe de la Comisión para una Cuba Libre:

1-     Que las diferentes organizaciones de la sociedad civil dentro de Cuba sometan directamente su solicitud de financiamiento para sus proyectos a través de la Oficina de Intereses de los Estados en la Habana, aunque nombren una representación directa en el exterior.

2-     Que los líderes de la oposición y principalmente los representantes de la sociedad civil sostengan reuniones periódicas con los funcionarios correspondientes de la Oficina de Intereses, para  evaluar el avance de los proyectos, por ramas específicas.

3-     Que el financiamiento contemple la logística de implementación, y que incluya la participación de la incipiente propiedad privada, fundamentalmente en el sector agropecuario, negociándose un acuerdo adjunto a la venta de medicinas y alimentos que actualmente solo mantiene con el gobierno cubano.

4-     Que el financiamiento sea para el desarrollo de las infraestructuras de las instituciones, no como simple ayuda humanitaria de consumo directo, como se ha venido realizando hasta ahora y que ha tenido muy poco impacto político.

5-     Que se realice una distribución equitativa de los proyectos, en cuanto a su ubicación geográfica a nivel nacional  para evitar que se beneficie y potencie solamente un liderazgo establecido en la capital de Cuba.

6-     Que Estados Unidos a través de sus representaciones influya para que organizaciones internacionales presentes en Cuba se abran con igual derecho para todas las organizaciones nacionales sin discriminación alguna. Las organizaciones como la FAO, la UNESCO, UNICEF y La Comunidad Europea, tienen programas especializados de desarrollo en Cuba, que bien podrían participar y monitorear  los proyectos de las ONG,s cubanas.

7-     Que se busquen mecanismos institucionales y legales para la implementación de la ayuda humanitaria, y que las organizaciones que están responsabilizadas con su ejecución no se vean compelidas a violar las propias leyes norteamericanas para ponerla en práctica, como la utilización de mulas o agencias fraudulentas.

8-     Que se cree un Comité Coordinador en Cuba para que evalúe las propuestas y trabaje en coordinación con las agencias proveedora y la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, para darle seguimiento a los proyectos y evitar que por falta de criterios a algunas organizaciones se les otorguen cuantiosos fondos, mientras otras no reciben financiamiento alguno por falta de presupuesto, según aluden las propias agencias que otorgan las subvenciones.

9-     Que se realice por parte de la Comisión para una Cuba Libre un intercambio de ideas con todo el universo de organizaciones del exilio, a partir de su personalidad jurídica y representación en el exterior de su contraparte en Cuba.

Dado en Santiago de Cuba y Miami a los 16 días del mes de julio del 2006

Pedro Antonio Alonso, Director Proyecto Desarrollo Cívico Rural, Capítulo Cuba
Arnold Hernández Yen, Presidente Alianza Nacional de Agricultores Independientes, ANAIC
Catalina Y. Piña Martínez, Presidenta Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR-Capítulo Cuba.
Ing. Juan I. Hernández Castillo, Centro de Estudios e Investigaciones Agrícolas, Carlos Quintela.
Adrián San Emeterio Ramón, Unión de Jóvenes Rurales, UJR
Lic. José P. Armas, Universidad Cívica Cubana, UCC
Jadir Hernández, Director The Civil Rural Development Project, INC
Dra. Carmen Torres, Representante Internacional, FLAMUR