Yo,  Diosmel Rodríguez Vega, ciudadano cubano de 48 años edad, siento una gran satisfacción poder estar en esta asamblea trayendo la voz de millones de cubanos que como yo un día, están privados de esa libertad.
Por ejercer ese derecho, el de mi libre expresión, cumplí una condena de tres años de privación de libertad por apoyar una campaña de denuncia pública, ante el carácter antidemocrático de las llamadas elecciones en Cuba, en el período1992- 93, cosa que se reafirmó con mi detención y encarcelamiento.
La estancia en la cárcel me permitió comprobar como se violan los más elementales derechos de los detenidos, inclusive haciendo uso hasta de las torturas físicas y psicológicas, pero con métodos que no dejen huellas físicamente visibles, como los cambios excesivos de temperaturas, tanto frías como calientes, viveros de mosquitos y criaderos de ratones, para que invadan  las celdas totalmente tapiadas en momentos determinados.
Aunque los hechos anteriormente relatados violan preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este no es el tema a que me quiero referir hoy, quiero referirme a un tema que afecta a una gran parte de la población:  La violación de los Derechos Económicos y Sociales.
Según el Artículo 22  de la Carta Universal toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, interpretándose - no como una mísera paga- sino a su seguridad social basada en la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad, según precisa la propia Declaración y continúa:
Todo esto mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Sin embargo el día 1 de diciembre del 2000, el Ing. Rafael Solórzano González fue arbitrariamente detenido cuando se disponía  realizar un viaje de Asistencia Técnica a los campesinos cubanos.
Para que se tenga una idea vamos a hacer referencia a los hechos bajo sus propias palabras:
“Yo, Rafael Solórzano González, ciudadano guatemalteco, pasaporte No. 2227449, fundador de varias organizaciones campesinas, cooperativas, ONG’s y empresas agrícolas en Guatemala, he trabajado alrededor de 20 años en el Desarrollo Rural sostenible, tanto en el ámbito nacional como internacional. Actualmente soy el Director Ejecutivo de ALTERTEC(Tecnología Alternativa) ONG líder de la Agricultura Ecológica en Centroamérica.
En el aeropuerto cubano me  recogieron mis documentos de identificación y me llevaron a un cuarto donde comenzó un interrogatorio a puerta cerrada. Observo que en el cuarto existen colgadas diferentes herramientas, para talleres de mecánicas, operaciones quirúrgicas, electricidad, etc.
Querían llevarse mis equipos electrónicos fuera del cuarto sin  mi presencia, reclamé que estaban violando mis derechos, que podían colocar cuerpo de delito en mis cosas y acusarme injustamente. 
Me fue negado recurrir a mi abogado en  Guatemala y al Consulado de Guatemala en Cuba.
Finalmente me llevaron a un avión de la Aerolínea Copa, para mi reembarque vía Panamá donde me entregaron mis documentos.
Hasta aquí el relato del Ing. Rafael Solórzano González que prueba un sinnúmero de violaciones de los derecho humanos, con personas que ni siquiera son cubanos y  que de buena voluntad han querido apoyar el proceso económico y social de nuestro país
El Articulo 2 dice que ninguna persona podrá ser discriminada por concepto de raza, origen nacional, posición económica y otras. Sin embargo, en los derechos económicos a los cubanos se les tiene prohibido invertir en su propio país, siendo sólo una prerrogativa para los extranjeros.
Según el Artículo 13 toda persona tiene el derecho a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Sin embargo en Cuba son innumerables los casos de desalojos masivos y por disposición gubernamental.  En la Habana y capitales de provincia no pueden residir personas que procedan de otras zonas del país.
En los desalojos tenemos los casos recientes de María de los Angeles Avila Martínez, su esposo Jacinto Rojas Sánchez y los hijos de ambos, una niña de cinco años y un varón de ocho, a quienes le destruyeron su bohío en la calle 23 sin número en Puerto Padre, provincia de Las Tunas.
Desde septiembre del 2000 Julio Hernández La Forte fue desalojado de su casa y de la parcela de tierra que cultivaba, en el lugar conocido como Lindero, municipio Sagua de Tánamo. Este campesino tiene dos hijos de 11 y 13 años, ambos son epilépticos.
A los campesinos Mario Mirabal y Fidel Graverán  el 5 de marzo del 2001 luego de cinco años de labor en la finca "Dos Ríos", en la provincia de Pinar del Rio fueron multados y echados del lugar por inspectores del Ministerio de la Agricultura.
No se puede separar de los derechos económicos, de los derechos de propiedad, por tanto, la propiedad como tal ha sido violada sistemáticamente en Cuba. El Artículo 17 reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. No obstante el gobierno cubano impone leyes que violan esos derechos tan fundamentales.
El gobierno cubano mantiene confiscadas ilegalmente las tierras del campesino Juan Andrés Moreno Milián en Mataindios, municipio Songo-La Maya,  aunque se ampara en el Decreto Ley 283.
Al campesino José Antonio Figueredo Montoya se le obliga abandonar las tierras que ocupa, el 14 de Febrero del 2001 venció el plazo para hacerlo. Ya sufrió una experiencia anterior cuando fue desalojado de la finca Ojo de Agua en el barrio Jarahueca, en el municipio Songo-La Maya después de cinco años trabajando la tierra y a pesar de vender sus productos a precios diferenciados impuestos por  la empresa estatal de ACOPIO
Para que los derechos económicos y sociales existan, tienen que existir otros derechos
Como los contemplados en  el Artículo 20 de esta Declaración cuando dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Sin embargo el Gobierno Cubano a través de la Asociación de Agricultores Pequeños de Cuba, una organización presente  aquí,  con diferentes métodos presiona a los campesinos para que pertenezcan a esa organización progubernamental.
Desde el mes de Diciembre del 2000 en Santiago de Cuba tenemos el caso del campesino Pedro Rolando Berenguer Pérez, a quien se le condiciona tener que pertenecer a la ANAP para autorizarle el traspaso de propiedad de un tractor Yum-6 de fabricación rusa con más de 20 años de explotación, adquirido mediante la compra directa a otro campesino, nombrado Yoendri Barro. Igual situación se le presentó al campesino Juan Antonio San Emeterio durante la compra de un tractor Ford Son de 1948.
El Artículo 23,  presente en esta declaración establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, lo que infiere que nadie será objeto de discriminación, incluyendo la discriminación política.
En Cuba por disposición gubernamental el derecho al trabajo se está sujeto a la llamada idoneidad, principalmente ideológica.
Según reporte de la prensa no oficial, fechado el 27 de marzo del 2001, ochenta y tres activistas del Colegio de Pedagogos y del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Cuba han sido expulsados de sus respectivos empleos o centros de estudios por no ser confiables políticamente.
Julio Ojeda, residente de la calle Juan Gualberto Gómez #47-A en Puerto Padre, provincia Las Tunas, no puede trabajar desde 1993 porque mantiene una posición política contraria al régimen de Cuba.
Jorge Sanabria Vega, un disidente de 42 años, está a punto de perder su empleo por presiones del oficial de  la policía política Juan Carlos Tabares sobre Alfredo Toledo, administrador de la fábrica de vegetales en conservas en Santiago de Cuba.
No se puede hablar de derechos humanos si no se tienen en cuenta los derechos culturales, además de los derechos ya mencionados. Entre los derechos culturales más violados en Cuba, se encuentran los relacionados con la libre información. Como reacción lógica y necesaria el pueblo se ha visto en la necesidad de fundar bibliotecas públicas. Sin embargo el gobierno se empeña en destruirla. Suman decenas de reportes de ataques represivos contra estas instituciones culturales. Para ilustrar haremos referencia al violento ataque contra bibliotecarios independientes en San Juan y Martínez, Pinar del Río, cuando el 16 de marzo del 2001 cinco individuos penetraron en la biblioteca independiente "Amor, paz, democracia y libertad ", rompiendo los libros y agredieron físicamente a Alberto Borges Soa dueño del inmueble donde radica la biblioteca.
Aunque la declaración plantea que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, en Cuba todo reclamo laboral conlleva a la expulsión del puesto de trabajo, incluyendo las corporaciones extranjeras. Las personas que tratan de orientar sobre los derechos laborales son perseguidos y encarcelados como Pedro Pablo Alvarez.

  Muchas gracias por su dedicada atención.