JUTINICU, Santiago de Cuba, mayo 13 del 2003 (Antonio Alonso, presidente de la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba)

La implementación de la llamada Ley de Cooperativas Agropecuarias por parte del gobierno cubano, como un intento de poner una camisa de fuerza al sector productivo agropecuario en el país, ha comenzado efectuando reuniones de los Consejos Populares y en las Bases Campesinas para impedir que los productos agrícolas no salgan de las zonas de producción a través del mercado informal, o sea fuera del control gubernamental.

En las diferentes reuniones se culpa a los intermediarios que realizan esta actividad como responsables de la carencia de algunos productos en las zonas donde se producen, es decir que los campesinos privados, único eslabón eficiente en la cadena productiva del sector agropecuario en Cuba, son considerados vulgares delincuentes.

A los productores privados constantemente se le está presionando, para que realicen la contratación total de sus producciones con el Estado, quien le impone unos precios a los productos, muchas veces por debajo del  costo de producción y la empresa estatal de Acopio se mantiene con las mismas deficiencias de siempre, ahora justificada con la crisis económica que vive el país.

Por tanto, se dejan de recoger los productos agrícolas por falta de transporte y el combustible, con la consiguiente pérdida para el propietario. Los pagos por concepto de venta al Estado demoran aveces hasta tres meses en realizarse.

Las figuras delictivas como: desvío de productos hacia el mercado negro, ventas fuera de las áreas determinadas, la comercialización a través de intermediarios privados y la evasión de entrega de productos al Estado, sólo se soluciona con la implementación de verdaderas reformas económicas en el país.

En el sector agropecuario, la implementación de la libertad de mercado resolvería de inmediato la carencia de productos a la población. La carencia de productos en la población no se debe de ningún modo, a que se lleven las mercancías a otras zonas, sino a la falta de estimulo y al obsesivo afán del estado por controlar toda y cada una de las actividades de los campesinos.

Ultimamente es muy recurrente por parte de la prensa resaltar lo positivo de las ferias agropecuarias en el sentido de la diversidad de las ofertas en estas ferias además de la participación masiva de los campesinos, pero dejan de reconocer de que esto se debe en gran medida a que en esta ferias no se exige el cumplimiento de planes de entrega a la empresa estatal de Acopio ni se le exigen impuestos, aunque en realidad, en los productos agropecuarios no existe tal diversidad.

Las autoridades policiales han  desplegado una ofensiva represiva contra toda actividad económica en el país, incluyendo el decomiso de los productos agropecuarios a las personas que viajan a los campos a comprarlos y otros bienes como casa, autos, camiones, equipos electrodomésticos, etc. Sin embargo la ola represiva contra la oposición política le ha quitado luz a esta triste realidad.

En otro aspecto de la cuestión, los famosos incentivos, permitiendo el aumento de los por cientos de disponibilidad de los campesinos en cuanto a sus producciones, que según los funcionarios gubernamentales redundaría en un aumento sustancial de la producción, y el consiguiente beneficio para los productores y la población en general, se han quedado en las expectativas.

Esperemos que con este intento fallido de las autoridades gubernamentales, se declaren incompetentes en la elaboración de leyes y acaten de una vez y por todas las Ley General de Cooperativas, propuesta y redactada por la Dirección Nacional de la ANAIC.