Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba

Jutinicú, Santiago de Cuba, enero 5 del 2005

Al: Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional del Poder Popular y Consejo de Estado y de Ministros.

Ast. Solicitud de una III Ley de Reforma Agraria

La Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba, teniendo en cuenta el creciente índice de desalojos de tierras que se viene ejecutando en todo el país, por parte de las autoridades gubernamentales, sin que los campesinos desalojados puedan recurrir al amparo legal, por no poseer un documento de propiedad, exige:

1-. Otorgar al amparo de la II Ley de Reforma Agraria el Título de Propiedad a todos los campesinos que en la actualidad vienen trabajando la tierra y hayan demostrado voluntad y capacidad para hacerla producir.

2-. Devolver en propiedad a todos los herederos reclamantes las tierras que de cualquier forma pasaron a manos del Estado en la época de la colectivización general. Deben demostrar en probatoria su capacidad de explotación.

3-. Los conflictos de intereses sobre la tierra se resolverán por el valor al derecho de propiedad, la ubicación de las tierras se negociará con las partes en cuestión teniendo en cuenta el valor agregado en el momento actual, de la tierra y los cultivos.

4-. Abolir el concepto de usufructo, que tantos problemas han traído al campesino y aún lo mantiene bajo una inseguridad total.

5-.Los nuevos propietarios no estarán sujetos a regulaciones de cultivos, precios o mercados.

6-. La entrega de tierras sólo estará sujeta a la capacidad y viabilidad de desarrollar proyectos concretos que a corto plazo la pongan en producción.

7-. Instituir leyes que contemplen las tierras como un bien común nacional, por lo que se penalizará con impuestos sobre las tierras baldías o subutilizadas donde el Estado tiene igual responsabilidad legal. Las reservas forestales y las zonas de impacto ecológico y medio ambiental se exceptúan de los enunciados anteriores.

8-. La ANAIC se pronuncia en contra del reparto de tierra equitativo, como parte de una maniobra política, las tierras deben otorgarse de acuerdo a la capacidad y posibilidad de uso, con iguales posibilidades para todos, sin tráfico de influencias de ningún tipo.

9-. El derecho a la tierra es un derecho soberano, de no aprobarse un decreto de ley que garantice el disfrute de ese derecho al amparo de la Reforma Agraria, toda ocupación de tierra se considerará legal.

 Sin embargo de aprobarse un proceso de aplicación de una III Reforma Agraria, toda acción sin la debida autorización retardará o inhabilitará el proceso legal.

Antonio Alonso Pérez Presidente de la ANAIC

Ing. Agrónomo Arturo Arias Director Nacional de Cooperativas