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Cuba,
sus tierras y el derecho de propiedad.
Diosmel Rodríguez
Vega
La
situación actual sobre la propiedad de las tierras en
Cuba, favorece una justa distribución y redistribución
de las mismas. La confiscación de grandes extensiones
de tierras, que pasaron a manos del Estado, hoy son
fuentes perfectas para llevar a cabo una verdadera política
agraria, bajo el lema de que “dueño ha de ser quien
trabaja la tierra, no quien explota en nombre ella”.
Los antecedentes sobre posesión de las tierras en
Cuba, dan la posibilidad de buscar alternativas más
justas y razonables. Partiendo de la base que deben
implementarse y estar presentes todas las formas de
propiedad: individual, cooperativas, mixtas y hasta la
estatal. Se hace obvio suponer que las formas pasadas
de arrendatarios, colonos y precaristas no son las más
idóneas para volverse a establecer. Aunque todo el
que decida someterse al uso de tierra bajo esa condición,
tendrá toda la libertad y derecho para hacerlo,
garantizado por un Estado de Derecho.
El campesinado como grupo social tiene que jugar un
papel determinante en la sociedad. Cuba por su condición
agrícola ha de tener una población mayoritariamente
rural, para ello hay que instrumentar una adecuada política
agraria que estimule el retorno de la población hacia
los campos. Los campesinos tienen que convertirse en
una clase social fuerte por su fuerte posición económica.
Campesino no puede ser sinónimo de atraso, pobreza y
marginación social.
La propiedad privada individual de las tierras, aunque
debe reforzarse y fortalecerse con nuevos propietarios,
es uno los pasos más adelantados conque contamos en
un proceso de distribución y redistribución de las
tierras, si consideramos que aún subsisten 120 mil
campesinos individuales según cifras oficiales, después
de una rígida política de colectivización.
Sin embargo esto quiere decir que en ello hay presente
dos factores elementales a parte de la voluntad
personal de no aceptar la colectivización: la ubicación
de sus tierras y sus cultivos no eran de interés para
el estado o que la característica del relieve y los
suelos los hacían muy pocos productivos.
Teniendo en cuenta lo postulado en el párrafo
anterior, se puede comprender que es imprescindible
mantener el carácter individual de las propiedades
con las características señaladas anteriormente,
pero aplicando un trato diferenciado en cuanto a
precios de sus productos, financiamientos y asistencia
social, con tal de garantizar la continuidad de
explotación de las mismas. Reorientar en casos
necesarios algunos cultivos y fines más apropiados
como la crianza de algunos tipos de animales, también
se facilitarán las permutas de tierras para lograr
que los productores se puedan acoger al principio de
voluntariedad sobre el cultivo a realizar.
En las zonas montañosas del Escambray, la Sierra
Maestra, incluyendo la Gran Piedra y Baracoa se
potenciar el cultivo del café de forma
individual, por los que todas las fincas estatales
deberán pasar a manos privadas. Se revisará la zona
costera de estos territorios para desarrollar planes
ganaderos de diferentes tipos.
Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, son
estructuras perfectas para implementar las
cooperativas de nuevo tipo, sólo hay que liberarlas
de las trabas estatales y dotarlas de la autonomía
que como propiedad privada deban tener. Cancelando
toda deuda históricamente contraída y acreditándoles
los fondos necesarios para ejecutar sus planes.
Las UBPC establecerán convenios con las Empresas
Agroindustriales (centrales azucareros) para determinar
las demandas necesarias, pero nunca se supeditarán a
los intereses de las mismas en detrimento de los
resultados productivos, como cortar la caña antes de
su maduración, inmiscuirse en la política de cultivo
de los campesinos, etc.
Todas las Empresas Agroindustriales, incluyendo los
centrales azucareros
deben regirse por nuevas legislaciones, la que
determinarán su forma de uso y propiedad, fuera de
los principios y regulaciones que sobre las tierras se
determinen.
Las maquinarias agrícolas en posesión de las UBPC
quedaran bajo su libre determinación, pero las deudas
contraídas por causa de las mismas serán canceladas
de oficio.
Las UBPC convertidas en cooperativas de nuevo tipo
pondrán en práctica cuantas iniciativas sean
necesarias para lograr la mayor autonomía de sus
socios, que los haga sentirse verdaderos dueños de su
trabajo, con parcelas y crianzas individuales que le
permitan recuperar la independencia que siempre ha añorado
el campesino cubano. Sólo serán colectivos los
planes productivos y los financiamientos, mientras la
redistribución de las ganancias, serán lo más
equitativas posibles teniendo en cuenta los índices
de participación. Los planes sociales serán
responsabilidad de todos los miembros, con igual
derecho y beneficios.
El desarrollo de planes agropecuarios por medio de
fuerzas combinadas de propiedad, o sea la propiedad
mixta puede ser factible en cultivos como el arroz,
algunos planes cañeros y cualquier otro que se
necesite de forma directa la participación del estado.
Todas estas serán
formas de participación cooperativa donde el
estado será un socio más, por lo que puede ser
aplicable a disímiles proyectos, pero siempre bajo la
supervisión y control del Tribunal de Tierras, que
evite el tráfico de influencias y corrupción de las
partes.
La propiedad estatal quedará reservada para aquellos
terrenos que formen parte de otros proyectos:
culturales, educacionales, de salud, cementerios y de
reserva, tanto natural como de tierras disponibles,
sobre las cuales se pueda aplicar para tomarlas en
propiedad si se califica.
Analizados los distintos tipos de propiedad aplicables
sobre las tierras en el caso cubano, podemos pasar a
analizar como podrían instrumentarse los mecanismos
para llegar a ello:
Lo primera que se crearía sería el Tribunal de
Tierras, donde quedarían resueltos todos los litigios
sobre el derecho a la propiedad. Al unísono se
legislaría una ley donde quede establecida la
cantidad máxima- expresada en caballerías- de
tierras permitidas como propiedad individual.
Los campesinos individuales en Cuba, a pesar de la
cantidad que subsisten en la actualidad
no cubren la cantidad de tierras necesarias a
explotar por sus características bajo esta forma de
propiedad. Hay que tener en cuenta que las zonas montañosas
fueron las más afectados por el éxodo masivo debido
a la mala política agraria y las intenciones del
gobierno de controlar estatalmente todas las tierras.
La cantidad de tierras bajo la categoría de propiedad
individual no debe sobrepasar los límites que impidan
satisfacer todas las intenciones sobre necesidad de
las mismas y que en la práctica se demuestre que hay
capacidad para poderlas explotar en esa proporción.
Todos tienen derecho a que se les complete la cantidad
legalmente determinada, cuando se encuentren por
debajo de ellas, siempre acogidos a las normas
vigentes sobre la adquisición de tierras.
Solamente podrán sobrepasar los límites de uso y
explotación de tierras todas aquellas personas o
entidades que presenten proyectos que así lo
justifiquen, bien sean planes ganaderos o agrícolas
en cultivos que así lo requieran, en estos casos las
tierras se tomaran en usufructo y nunca podrán
retirarse los derechos sobre las mismas siempre que se
cumplan los parámetros productivos.
De igual forma se procederá contra aquellas personas
que se encuentren ocupando extensiones de tierras por
encima de las establecidas, ya sean heredadas
por prebendas políticas o cualquier otra forma
paternalista de distribución. En estos casos se
reducirán a las cantidades establecidas por las
normas vigentes, y el resto será puesto a disposición
del fondo nacional de tierras, sin derecho a
compensación.
Para la adquisición de tierras deben tenerse en
cuenta además de algunos derechos históricos, la
capacidad del individuo de ponerla o mantenerla en
producción. Que se concilie un proyecto de viabilidad
productiva que le permita adquirir préstamos sobre la
cosecha. Las tierras no se darán en principios en
propiedad, sino en calidad de usufructo, donde los
individuos o empresas agrícolas estarán en la
obligación de demostrar su capacidad productiva.
Después de transcurrido el tiempo establecido y las
personas o entidades económicas agrarias
y ganaderas hayan demostrado su capacidad
productora, se le otorgará la propiedad de las
tierras en cuestión, mediante los trámites que
determine la Ley Agraria.
La compensación que se otorgue mediante el Tribunal
de Tierras, será igual al valor que le permita
adquirir la cantidad de tierra autorizada por la nueva
Ley Agraria, con igual características a las que le
fueron expropiadas. La diferencia sobre el valor, en
el caso de ser más, se les dará como fondo de
inversión. Será obligatorio para todos los casos
someterse al régimen de probatoria económica, antes
de ser declarada en firme la propiedad.
Tendrán prioridad para la adquisición de tierras los
cubanos por nacimiento o naturalización, la venta a
extranjeros sólo se realizarán cuando declinen su
interés por la oferta los nacionales, incluyendo el
estado, avalado por un fallo del Tribunal de Tierras.
La nueva política agraria define como campesino a
todo poseedor de tierras de forma individual o
colectiva, por lo que para ello tiene que estar
presente física o administrativamente frente a la
propiedad. No será admisible jurídicamente el
concepto de campesinos sin tierras, ya que todo el que
califique tendrá el derecho sobre las mismas.
La existencia de una población
subrural, aportará la
fuerza de trabajo necesaria para la agricultura, como
obreros agrícolas, los que recibirán un salario
adecuado dentro de la escala salarial de puestos
comunes, protegidos por la legislación vigente.
La comunidad rural deberá estar ubicada en los
asentamientos poblacionales de cada zona, quedando
proscrita la construcción de bohíos a lo largo de
caminos y carreteras o lugares inapropiados
por considerarse injustificados e innecesarios.
Además de los préstamos bancarios que se puedan
obtener, los campesinos tanto independientes como
cooperativos podrán acogerse a préstamos sobre
cosechas o financiamientos a cultivos predeterminados
por centros de elaboración industrial, cadenas
comerciales, etc.
Será responsabilidad del gobierno a través de una cámara
de comercio controlar y regular la producción
agrícola,
estimulando una política de precios adecuada a partir
de la demanda, pero nunca en detrimento de la producción
realizada, a la cual se le tiene que garantizar el
mercado.
Se aplicará una lista oficial de precios tanto para
la venta como para la compra de la producción
agrícola, que impida acciones ventajistas por falta
de mercados, el que hay que resolver por medio de la
demanda, no por la regulación de la oferta, a no ser
por crearse producciones alternativas.
Se creará un seguro sobre la cosecha, que contemple
todas las posibilidades de desastres naturales, plagas
o accidentes, en caso de producirse los mismos, los
campesinos dispondrán de fondos inmediatos para
su pronta recuperación.
Es una responsabilidad del gobierno el fomento
agrícola,
por lo cual tiene que adoptar todas las medidas
necesarias para poner en producción todas las tierras
del país, desarrollar una política que permita un mínimo
de aseguramiento a los campesinos hasta que sus
tierras entren en producción. Debido a la
insuficiencia de recursos que se puedan presentar para
el cultivo de las tierras por su estado actual de
abandono, se
podrá potencializar la crianza de todo tipo de ganado,
hasta que las condiciones lo permitan.
El gobierno otorgará facilidades que le permitan al
campesino obtener su
módulo agrario:
los diferentes tipos de animales de corral,
bestias de monta o tiro y una vaca lechera. Todos de
buena calidad genética.
Para asegurar la recuperación de la fertilidad y
humedad de las tierras ubicadas en las márgenes de
los ríos se liberarán los niveles de las presas,
buscando otras soluciones a los abastos de agua.
Desarrollar una adecuada política de reforestación y
aplicar cuantas medidas sean necesarias para la
desalinización de los suelos.
El Ministerio de Justicia creará el Departamento de
Justicia Rural, quien estará encargado de velar
porque se cumplan todos los derechos y obligaciones
sobre los campesinos, evitando con ello que se
produzcan condiciones que favorezcan el surgimiento de
nuevos tipos de latifundios o que se violen los
procedimientos sobre las tierras, establecidos por la
ley.
Independientemente de la cultura histórica de los
campesinos se creará un cuerpo de orientación agrícola
que recomendará la mejor utilización de los suelos,
técnicas de cultivo y uso de los recursos, todo con
el fin de lograr mejores rendimientos. El propósito
es ayudarle a mejorar o innovar la técnica,
utilizando la experiencia práctica del mismo
productor y si es preciso, orientarlo para que cambie
de mentalidad, actitud y forma de hacer las cosas, que
amplíe y desarrolle su marco de conocimientos,
aprovechando mejor las condiciones del medio donde
realiza sus actividades productivas.
Es innegable que además de todos los cambios
estructurales planteados anteriormente, es evidente
que el sector agropecuario debe realizar cambios e
innovaciones tecnológicas profundas en los sistemas y
métodos empleados en la producción, incluso en la
mentalidad del propio agricultor, con la finalidad de
obtener mayor productividad y rentabilidad.
Por tanto la estrategia a seguir, debe ser
potenciar los factores que generalmente los pequeños
y medianos agricultores tienen disponibles o pueden
tener acceso a ellos fácilmente como son: Su propia
mano de obra y la de sus familiares, preparación
oportuna y correcta de la tierra, semilla y material
de siembra, abonos ( mayormente orgánicos) y manejo
de plagas y enfermedades.
Los objetivos de este proyecto son convertir a los
pequeños y medianos agricultores en agro empresarios,
como solución definitiva a los altos costos, bajos
rendimientos y escasa o ninguna rentabilidad, que
desgraciadamente viene arrastrando el agricultor
cubano. Es preciso brindar al campesino asesoría
técnica,
en cuanto a análisis y preparación de tierras,
estudios y diagnósticos de laboratorios, control de
los costos a nivel de fincas e información de precios
y mercados para mejorar la comercialización de los
productos agropecuarios.
Tantos años de agricultura estatal, donde los costos,
la calidad y el final destino de los productos no eran
responsabilidad directa de los agricultores, debe ser
un reto para las nuevas generaciones de productores
cubanos.
El actual proceso de globalización que entre otras
cosas significa eliminación de las barreras
arancelarias y no arancelarias para facilitar el libre
acceso de los productos a los mercados, esto exige un
gran esfuerzo en términos de identificar y aplicar
medidas que conduzcan a la eficiencia de los proyectos
agropecuarios, algo a que tenemos que enfrentarnos
luego que nuestros productos hayan cubierto el mercado
nacional.
La actividad agropecuaria requiere de quienes
invierten en ella, reciban una compensación justa y
racional expresada en la obtención de un mínimo de
rentabilidad. La obtención de un bien agroalimentario
tiene justificación sólo, si el precio final del
producto para el consumidor es igual o menor que el
mismo producto importado, con buena calidad y
presentación.
En el país nunca se han realizado intentos efectivos
y sostenidos encaminados a resolver los problemas
estructurales de los productores agrícolas, específicamente
en lo que implica disponer de un ambiente de
seguridad y confianza en el destino de su
producción, que le permita emprender nuevos proyectos,
adquirir insumos y nuevas tecnologías que conlleven a
una mayor productividad, todo esto sin un
financiamiento oportuno, en cantidad y tasa de interés
adecuado, como las que se destinan a la producción
agropecuaria en otros países.
La escasez de recursos de todo tipo, el bajo nivel de
desarrollo tecnológico, y la
estructura heterogénea que presenta la
propiedad de la tierra, requiere la adopción de
acciones bien planteadas para lograr una modernización
de la actividad agropecuaria, con criterios
verdaderamente empresariales, orientados
fundamentalmente a obtener rentabilidad.
Cambiar la realidad actual, representa una de las
tareas más importantes y trascendentales a que tiene
necesariamente que enfrentarse la agricultura cubana,
teniendo en cuenta que la situación económica está
ejerciendo una fuerza prácticamente determinante
sobre el comportamiento social y político del país.
Este cambio debe ser fruto de un plan de consenso e
integración a nivel nacional en las que participen
todas las instituciones públicas y privadas
vinculadas al sector agropecuario, para cuando la
agricultura cubana rompa el cerco invisible del
totalitarismo, pueda llegar fortalecida y en capacidad
competitiva a la apertura económica que impone la
globalización.
Si ponemos en práctica todas estas premisas podemos
decir que hemos salvado el futuro agrícola de nuestro
país, resuelto los viejos problemas de injusticia
social de nuestros campos y alcanzado el viejo sueño
cubano, la diversificación de nuestros cultivos, con
plena libertad y sin imposición de nadie y el
campesino cubano, dejará de ser mirado con lástima y
por su potencial económico se convertirá en una de
las fuerzas a tener en cuenta en las decisiones políticas
y sociales de la nueva república. |